Un largo informe jurídico destaca “vicios graves” en el intento de resucitar el ‘caso Gaztelueta’

La Santa Sede debería dar marcha atrás en la instrucción de un proceso canónico sobre el llamado ‘caso Gaztelueta’, dados los graves vicios que presenta, según expone un detenido informe jurídico elaborado por el profesor Fernando Simón que ha llegado ya a varios obispos españoles.

El autor, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Navarra, publicó recientemente un artículo en “El Debate” en el que, sobre el caso de los abusos pretendidamente cometidos en el Colegio Gaztelueta de Bilbao por parte de un profesor en los cursos 2008-2009 y 2009-2010, advertía, entre otras cosas, sobre algunas consecuencias jurídicas de la designación “ad casum” de la instrucción de un proceso canónico, encomendado a José Antonio Satué Huerto, obispo de Teruel y Albarracín.

El citado artículo resume un largo estudio jurídico previo titulado “Dictamen sobre la noticia de la apertura de un nuevo procedimiento penal canónico en el “Caso  Cuatrecasas-Martínez”. Aporta datos jurídicos, sobre el proceso tanto civil como canónico, y también datos sobre los hechos que han dado origen a los diversos procesos.

Un pseudoproceso

Religión Confidencial ha tenido acceso al texto íntegro del estudio, elaborado “pro bono y motu propio” por el profesor Fernando Simón Yarza, y que, como se ha dicho, se encuentra ya en poder de varios obispos españoles.

El autor del informe expone que “si el proceso canónico que pretende instruirse sobre el caso Cuatrecasas-Martínez se sustanciase ante cualquier jurisdicción estatal perteneciente a la comunidad internacional presidida por órdenes constitucionales civilizados, no tendría la mínima posibilidad de seguir adelante”.

“Sería cerrado de inmediato por numerosos vicios, algunos de una gravedad tal que permiten hablar de un pseudoproceso”.

Vicios graves

Alguno de los vicios que detalla el informe jurídico son los siguientes:

a) El proceso se instruye contra un laico en aplicación de un tipo penal previsto para clérigos. El sujeto activo del tipo es ajeno completamente al sujeto que se investiga, y las penas que el tipo mismo permite imponer son inaplicables a un laico.

b) El proceso está precedido por una nota de prensa emitida por el obispo de Bilbao en la que publicita el caso ante los medios de comunicación —según afirma, cumpliendo un encargo de la Santa Sede— antes incluso de comunicarse con el investigado. Se trata de una práctica unánimemente censurada por los Altos Tribunales nacionales e internacionales de  garantías, por su potencial para dañar injustamente la fama de las personas, contaminar al juzgador y vulnerar la presunción de inocencia.

c) La investigación viene a abrir, sin dar cuenta de la aparición de hechos nuevos, un caso que fue sobreseído en fase de instrucción tras un examen que, en su momento, fue expresamente declarado exhaustivo y concluyente por el dicasterio de la Santa Sede que actuó.

Aplicación retroactiva

d) Se ha nombrado un órgano instructor ad hoc sin motivación alguna de su idoneidad para el caso, ni de la inidoneidad de las autoridades competentes.

e) El que se presenta como Delegado de la Santa Sede afirma que el Papa ha manifestado su decisión de aplicar la legislación penal retroactivamente, dejando sin efecto, incluso, el precepto canónico que lo prohíbe. Con ello se pretende dejar sin aplicar, entre otros, el principio —sagrado en la justicia internacional de los derechos humanos— de irretroactividad penal.

Cerrar el procedimiento

En este amplio informe, concluye: “Considero que la Santa Sede debería cerrar inmediatamente esta actuación, la cual pone en entredicho su propia autoridad moral ante los fieles y ante la sociedad en general”.

“Afirmando el buen deseo de conseguir fines loables en abstracto, se aleja de manera muy concreta de unos principios cuya defensa forma parte esencial de su misión. No puedo por menos de concluir haciendo resonar ante las autoridades eclesiásticas, nuevamente, las palabras de Su Santidad, el Papa Francisco: “El reto actual para todo penalista es el de contener la irracionalidad punitiva, que se manifiesta, entre otras cosas, (…) en la ampliación del ámbito de la penalidad (…) y el repudio de las garantías penales y procesales más elementales””.

El texto íntegro del dictamen del profesor Simón Yarza, en poder de varios obispos españoles y al que después ha tenido acceso Religión Confidencial, puede leerse aquí.

 

 

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE