Profesores de Religión y sindicatos continúan la batalla contra las enseñanzas mínimas de la asignatura de Religión que contiene la LOMLOE, más conocida como ley educativa Celaá.
Ahora, la Unión Sindical Independiente de Trabajadores – Empleados Públicos (USIT-EP) y el Colectivo Nacional de Docentes de Religión (CONDOR), ha interpuesto recurso contencioso administrativo en el Tribunal Supremo, contra los reales decretos que regulan las enseñanzas mínimas de primaria, secundaria y bachillerato respecto a la asignatura de Religión.
Ideología trasnochada
«Una de las muchas carencias que contienen los reales decretos de enseñanzas mínimas aprobadas por el gobierno es la referida a la enseñanza de la Religión en las escuelas. La ideología trasnochada que los sustentan, disfrazada de progresía de saldo, no solo atenta contra el sentido común, sino contra una auténtica enseñanza y una verdadera educación cuyo objeto es el pleno desarrollo de la personalidad humana», denuncian en un comunicado al que ha tenido acceso Religión Confidencial.
Estas entidades consideran que el gobierno «manosea torticeramente los contenidos curriculares y los lleva a un nivel de deconstrucción del sistema educativo con buenos y malos». Estas características unidas a la «burocratización con ingentes informes, la cada vez mayor desconfianza de los padres en el profesorado y un alumnado con carencias y sin muchas ganas de aprender, la sempiterna asignatura de Religión señala a un gobierno sin neutralidad política».
Los reales decretos discriminan a los alumnos
Para este sindicato y el colectivo de profesores de Religión, los reales decreto vulneran los contenidos de esta asignatura además del perjuicio económico laboral para los docentes de Religión.
Con este recurso, se pide al tribunal que se pronuncie en varios puntos de los reales decretos, en concreto sobre competencias clave en «educación primaria y los elementos transversales en educación secundaria por vulnerar el principio de legalidad y de seguridad jurídica y, subsidiariamente, por discriminar a los alumnos que libremente eligen la asignatura de Religión, ya que les priva de una mejor situación académica y de obtener unos mejores conocimientos en áreas básicas.
También, piden al Supremo que se pronuncie sobre la prohibición del aprendizaje de contenidos curriculares asociados al conocimiento del hecho religioso no confesional, «por ser contrario a la disposición adicional tercera, en su apartado 3, de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como del artículo 9.3 de la Constitución española que garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos».
Computar nota de Religión
Por último, instan al Supremo a que se compute la nota de Religión, además de en los expedientes académicos individuales, en la concurrencia de expedientes a efectos de acceso a otros estudios, convocatorias para la obtención de becas, ayudas al estudio y otras.
Por último, piden en Bachillerato, una alternativa obligatoria a la asignatura de Religión.
«Esperamos —sin apenas esperanza— que de una vez por todas queden resueltas estas cuestiones y se afronte la presencia de esta asignatura en la escuela pública, con los matices oportunos, pero con valentía y firmeza que impida que las ideologías tiñan de negro la enseñanza y la educación», concluyen.